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Juego Responsable

Derechos y obligaciones de las casas de apuestas con licencias

Existen tres tipos de obligaciones que todos los operadores de juego con licencia deben cumplir para operar dentro del marco legal.

AS Apuestas
Actualizado a
Derechos y obligaciones de las casas de apuestas con licencias
/ Unplash

En consonancia con los requisitos que las entidades solicitantes de licencia tienen que cumplir para el desarrollo de las actividades de juego no ocasional, nace una serie de derechos y obligaciones para dichas entidades una vez que han obtenido la correspondiente licencia.

Los derechos básicamente consisten en el desarrollo de la actividad de juego de ámbito estatal de acuerdo con las licencias otorgadas. Las obligaciones son los requisitos imprescindibles que se les piden a todos los operadores de juego para poder llevar a cabo sus actividades, y pueden agruparse en aquéllas de carácter económico, técnico y de gestión responsable del juego.

Las obligaciones económicas hacen referencia simplemente a satisfacer las tasas derivadas de la actividad de regulación del juego. En segundo lugar, en cuanto a las obligaciones técnicas cabe reseñar la implantación de un sitio web específico con nombre de dominio ´.es´, la identificación de los participantes, el control de prohibiciones subjetivas de participación, los requisitos imprescindibles de seguridad de los sistemas técnicos de juego y la implantación de un sistema de control interno que registre las operaciones de juego y las transacciones económicas.

En tercer lugar, cabe destacar que las obligaciones en el marco de una gestión responsable del juego hacen referencia a asegurar la integridad y seguridad de los juegos, garantizando la participación, transparencia de los sorteos y eventos y del pago de los premios. La canalización adecuada de la demanda de participación. La reducción de cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad, incluyendo la lucha contra el juego ilegal y las actividades delictivas asociadas. Por último, la colaboración activa de acuerdo con la normativa vigente y con las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales.

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